La Justicia decretó la quiebra de Linor SRL, una histórica maderera de Misiones que llegó a emplear a unas 300 personas, y formalizó el cierre de una empresa que había paralizado sus operaciones en mayo de este año. La decisión afecta a cerca de 130 trabajadores despedidos, que todavía reclaman el pago de salarios adeudados e indemnizaciones.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori, luego de que la empresa incumpliera el acuerdo preventivo del concurso de acreedores. La información fue publicada por Mundo Gremial el 14 de octubre.

Quiebra de Linor SRL: qué medidas ordenó la Justicia

El fallo ordenó la incautación de los bienes de la compañía, incluidas las instalaciones, las maquinarias y los vehículos. También dispuso el bloqueo de las cuentas bancarias y la prohibición de salida del país para el gerente y propietario, Juan Carlos Lorenzo.

Además, la sindicatura deberá elaborar un informe contable y laboral para determinar los vínculos de los trabajadores con la firma, las fechas de desvinculación y las deudas pendientes con cada uno de los afectados.

La quiebra abre una nueva etapa en el conflicto que comenzó con el cierre de la planta de fabricación de pallets de madera, ubicada en Azara, una localidad misionera cuya economía también depende de otras actividades productivas.

Despidos en Misiones: trabajadores obligados a migrar para conseguir empleo

La situación de los exempleados continúa siendo crítica. Agustín Báez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP), advirtió sobre las dificultades que enfrentan para reinsertarse laboralmente, en particular quienes tienen más de 40 o 45 años.

Según explicó el dirigente a medios locales, la edad representa un obstáculo para conseguir una nueva ocupación y muchos trabajadores quedan en una situación de vulnerabilidad, porque todavía no reúnen los requisitos para jubilarse.

Ante la falta de oportunidades, varios de los obreros más jóvenes se trasladaron a Corrientes o cruzaron la frontera hacia Brasil para realizar changas rurales. Otros permanecen en Azara y dependen de la asistencia alimentaria del sindicato, de módulos periódicos y de un comedor comunitario organizado por los propios damnificados.

La finalización de la zafra de yerba mate agravó el panorama. Esa actividad temporal había servido como una alternativa de ingresos para algunos de los despedidos, pero su interrupción volvió a reducir las posibilidades de subsistencia.

Salarios adeudados e indemnizaciones: qué reclaman los exempleados

Los trabajadores reclaman el pago de las últimas quincenas, el aguinaldo, las vacaciones pendientes y las indemnizaciones correspondientes. Aunque todavía no se determinó el monto total de la deuda, las cifras varían según la antigüedad y la situación laboral de cada operario.

Los exempleados también denunciaron irregularidades vinculadas con la cobertura de obra social y de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), pese a que figuraban formalmente registrados. Asimismo, cuestionaron presuntas maniobras administrativas y declaraciones ante organismos nacionales.

En el plano económico, los trabajadores gestionaron el acceso al fondo de desempleo mediante operativos coordinados entre el municipio, el sindicato y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Sin embargo, los montos percibidos, que rondan los $300.000, fueron considerados insuficientes por el gremio para afrontar los gastos básicos de una familia.

El impacto social de la quiebra de la maderera

El cierre de Linor SRL también repercutió en la vida cotidiana de las familias afectadas. Desde el sindicato advirtieron sobre situaciones de angustia y estrés, dificultades para sostener la alimentación y cambios en la escolaridad de los hijos, además de cuadros depresivos asociados con la pérdida del empleo y la acumulación de deudas.

Para el gremio y los trabajadores, la crisis no se explica únicamente por la situación general de la industria maderera, sino también por decisiones de administración empresarial que, según sostienen, desatendieron las obligaciones con el personal.

Con los bienes de la firma sujetos a las medidas judiciales, los exempleados esperan que el proceso permita determinar el patrimonio disponible y establecer las acreencias laborales. El objetivo es recuperar, al menos, los salarios y las indemnizaciones que les corresponden por ley.